Los Franco intentan suspender la exhumación pidiendo al Supremo que les aclare la sentencia
Los nietos del dictador han registrado un recurso de aclaración sobre la decisión del Alto Tribunal que autorizó al Gobierno la exhumación de los restos. Una acción procesal que trata de retrasar nuevamente el calendario de Pedro Sánchez.
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Los Franco tratan de suspender «la firmeza y ejecutividad» de la sentencia del Tribunal Supremo que autorizó al Gobierno socialista la exhumación del dictador. Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que, tras presentar los nietos un recurso de aclaración sobre el fallo del Alto Tribunal, éste queda provisionalmente sin efecto hasta que el tribunal competente -de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo- resuelva la petición de la familia.
Los Franco avanzaron a OKDIARIO que continuarían agotando instancias judiciales en contra de la decisión del Alto Tribunal, que avalaba la decisión gubernativa de trasladar los restos del dictador al cementerio de El Pardo, en contra de la voluntad de sus nietos.
Por ello, y como paso previo al futuro recurso que interpondrán ante el Constitucional, han requerido de los magistrados competentes que formulen aclaraciones sobre el contenido de la sentencia emitida, ponencia del magistrado Pablo Lucas.
Una vez aportadas las mismas, instarán al Tribunal de Garantías la adopción de medidas cautelarísimas para impedir que el Gobierno pueda hacer efectiva la salida de Franco -de la que ha sido su tumba durante los últimos 40 años- antes de que el máximo órgano constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite de su nueva solicitud de amparo y de que el Ejecutivo socialista en funciones pueda acometer intervenciones irreversibles, tal y como ya han apuntado desde Moncloa, antes de la repetición electoral del próximo 10-N.
De modo que, tal y como avanzó OKDIARIO, Sánchez tendrá que esperar, como mínimo, el tiempo que tarde el Supremo en resolver este nuevo trámite procesal más el plazo legal de 30 días de que disponen los Franco, una vez se les ha notificado formalmente la sentencia íntegra del Supremo, para recurrir en amparo al Constitucional.
Y esto sin perjuicio de que si el Tribunal de Garantías admitiese suspender provisionalmente la sentencia firme del Supremo, el plazo podría prolongarse hasta que se resuelva sobre el fondo de la causa: decidir si el Alto Tribunal ha vulnerado derechos fundamentales de los Franco, como sostiene la familia.
Autorización de la Iglesia
Fuentes jurídicas apuntan a OKDIARIO que la familia ha requerido al Supremo que puntualice los términos de su sentencia sobre la exhumación de Franco, donde se recoge el pronunciamiento sobre la preceptiva autorización de la Iglesia que -de acuerdo a lo previsto en los Tratados Internacionales vigentes entre el Estado Español y la Santa Sede- necesitaría Sánchez para trasladar, de facto, los restos del dictador.
El recurso de casación presentado por la familia Franco -y al que posteriormente se sumaban los interpuestos por la Fundación, la Abadía benedictina y la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos- ya planteaba esta duda al Supremo.
En su escrito requerían al Alto Tribunal determinase la adjudicación de competencias sobre el acuerdo de exhumación y despejase la incógnita de si, una vez judicialmente autorizada la misma, ésta quedaría supeditada al permiso del padre Cantera, prior del Valle de los Caídos y máxima autoridad eclesiástica en la Basílica de Cuelgamuros.
Los Franco sostienen que atendiendo a la jerarquía normativa vigente en España, aún cuando la decisión del Gobierno ha sido confirmada por los seis magistrados de la Sala Tercera del Supremo, ésta no podría anteponerse a la inviolabilidad de los espacios de culto, recogida en los acuerdos suscritos entre el Vaticano y España. El Supremo tendrá que detallarlo en la aclaración que emita en los próximos días.
De manera que, Pedro Sánchez deberá posponer la propuesta de una nueva fecha concreta para la exhumación de Franco a su Consejo de Ministros. El socialista tendrá que incluir en el orden del día del Pleno de su Ejecutivo, la adopción de un nuevo acuerdo para ello. El Alto Tribunal resolverá si, además, superado el trámite administrativo el Gobierno tendrá que dirigirse o no a la Iglesia para comunicarlo y obtener su conformidad.